Manuel Otero. Director General IICA

La educación es un bien público esencial. Sin una formación de calidad, inclusiva y equitativa, los países no romperán el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esa certeza cobra aún más relevancia ante el impacto de la crisis del COVID-19. Los países necesitan recuperar sus economías y superar las graves consecuencias causadas por la pandemia. La educación es clave para eso.

Un espacio de actuación impostergable de esta agenda es el de la agricultura, los territorios rurales y su integración con los centros urbanos. La materialización de su potencial requiere de la innovación y la tecnología para disparar círculos virtuosos de crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la brecha social.

En América Latina y el Caribe la agricultura es una actividad central y una de las pocas que se mantuvo activa desde la irrupción del COVID-19. En los próximos años dará otro salto cualitativo incorporando las ventajas de la digitalización y otros avances tecnológicos.

Se trata de un cambio inexorable que requiere la formación de nuevas capacidades, porque la digitalización de la agricultura puede contribuir a aumentar la oferta y la calidad de los alimentos en el marco de una relación armónica con el medio ambiente.

Para acompañar estos procesos será necesario que la población rural y las nuevas generaciones accedan a una formación adecuada, que permita capitalizar los beneficios de la “cuarta revolución industrial” en los procesos transformadores de la agroindustria.

No es la tecnología per se la que puede propiciar esos cambios, sino el talento humano y las organizaciones, debidamente empoderadas, los que permiten desarrollarlos. Por eso, instalada la agenda de la digitalización en la actividad rural, es necesario dar un paso adelante para que la educación permita a la población de la ruralidad asumir un papel protagónico.

En los últimos años, a través de un esfuerzo conjunto, organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus aliados en el sector privado como Microsoft, alertaron sobre la urgencia de atender a los problemas de la conectividad rural y el desarrollo de las habilidades digitales.

En la región latinoamericana y caribeña hay 34 puntos porcentuales de diferencia en el acceso a la conectividad entre los ámbitos urbanos y rurales, y también limitaciones en el desarrollo de las habilidades digitales en la población rural, de la que sólo 17,1% cuenta con aptitudes digitales específicas.

En América Latina, además, sólo 33% de las escuelas tiene disponibilidad de ancho de banda o velocidad de internet suficientes. Para el caso de la ruralidad, en ocho de 10 países, menos del 15% de las escuelas tiene acceso a ancho de banda o velocidad de internet suficientes.

La pandemia ha afectado particularmente a la educación, con cierre de escuelas y abandono de la escolaridad. Según la Unesco, 3,1 millones de jóvenes, niños y niñas, quedaron excluidos de la educación en nuestra región. Este panorama permite enumerar los desafíos que enfrenta una agenda para la educación rural.

Es prioritario alinearnos con las demandas del futuro e impulsar el desarrollo de la educación agrotécnica, modernizando las instituciones educativas del ámbito rural para formar recursos calificados entre la población joven, favoreciendo el arraigo, los vínculos con los sectores productivos y el desarrollo integrador e inclusivo de los territorios y su población.

Tenemos que formar a los líderes que transformarán nuestros sistemas agroalimentarios. Por eso, brindar mejores oportunidades mediante una formación de excelencia en las escuelas agrotécnicas debe ser prioritario.

Este es el camino para sentar las bases de una nueva ruralidad:  mejor educación, conectividad plena y una población preparada para un uso intensivo e inteligente de las nuevas tecnologías, para consolidar a los territorios como zonas de oportunidades y motores del desarrollo económico.