La migración en Centroamérica es un fenómeno complejo y multicausal que puede contribuir al desarrollo y bienestar de las personas y territorios. Sin embargo, en muchos casos, se convierte en una necesidad forzada por la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia y la vulnerabilidad climática. En el norte de Centroamérica, el factor económico es el principal motivo de migración. Emigrar, en lugar de ser una opción, para muchas personas es la única manera posible de alcanzar mejores niveles de bienestar, debido a las circunstancias del territorio donde viven. La migración desde el norte de Centroamérica hacia Estados Unidos constituye uno de los principales corredores migratorios del mundo. La pandemia de COVID-19 afectó significativamente los flujos migratorios debido a las restricciones de viaje.

En 2020, los encuentros con migrantes en la frontera suroeste de EE. UU. disminuyeron más del 50 % respecto a 2019, año en el cual estos alcanzaron el nivel más alto de los últimos diez años. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en 2021 y se mantuvo en 2022, superando los niveles de 2019. La reducción de la migración forzosa e irregular desde el norte de Centroamérica es un desafío complejo, considerando los costos que este fenómeno implica para todos los actores involucrados. Las personas migrantes enfrentan deudas significativas y riesgos durante su travesía, mientras que las comunidades de origen pierden capital humano.

Los gobiernos centroamericanos sufren la fuga de cerebros y asumen costos de repatriación y reintegración. Los países receptores también afrontan gastos significativos en control fronterizo, procesamiento de solicitudes de asilo, servicios sociales e integración de migrantes. Además, la migración irregular puede generar tensiones políticas y sociales en estos países, complicando aún más la situación. Un factor crítico que impulsa la migración es la brecha entre el salario mínimo y el costo de vida. Para abordar esto, es esencial desarrollar proyectos integrales que mejoren los ingresos de los hogares, fortaleciendo sectores clave para la economía rural como la agricultura y la manufactura, promoviendo la formación técnica y profesional, y fomentando el emprendimiento local. La FAO desempeña un papel crucial en la gestión de la migración rural y el desplazamiento forzado, apoyando políticas y programas basados en evidencia científica.

Su labor se centra en abordar los factores negativos que impulsan la migración, ofreciendo a la población rural la posibilidad de permanecer en sus comunidades de origen, facilitar la movilidad rural segura, reforzar la contribución positiva de los migrantes y desplazados a la agricultura y las comunidades rurales, y promover medios de vida resilientes para migrantes, desplazados, repatriados y comunidades de acogida. En Centroamérica, la FAO trabaja para crear alternativas viables en zonas rurales mediante la colaboración con gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y el sector privado. Estas iniciativas buscan mejorar los ingresos y fortalecer la resiliencia familiar, abordando así las causas fundamentales de la migración forzosa.

Un ejemplo destacado es el proyecto “Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19”. Esta iniciativa, implementada en 45 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, ha beneficiado a más de cuatro mil personas, destacando la participación de mujeres (53 %), jóvenes (35%) y personas indígenas (50%). A través de programas de capacitación en agricultura sostenible y ciclo productivo, más de 4,300 participantes han mejorado sus competencias, mientras que 2,700 han fortalecido sus habilidades empresariales. Además, más de 350 funcionarios de ministerios y servicios de extensión rural también se capacitaron, ampliando sus conocimientos.

El proyecto ha tenido un impacto positivo en los ingresos económicos y la seguridad alimentaria de los hogares. Siete de cada cien hogares beneficiados han superado la inseguridad alimentaria grave. Por otro lado, hubo una mejora de 11,9 puntos porcentuales en la inseguridad alimentaria moderada o grave; pasando de cuatro a tres de cada diez los hogares que sufren este tipo de condición.

El enfoque de equidad de género implementado en la intervención logró incidir en que 17 de cada 100 hogares liderados por mujeres apoyados por el proyecto dejaran la condición de inseguridad alimentaria moderada y grave y que seis de cada cien superaran la inseguridad alimentaria grave. Como resultado, hubo una mejoría de 6,4 puntos porcentuales tanto en hogares liderados por mujeres como por hombres. El abordaje integral de esta intervención no solo mejoró la seguridad alimentaria, sino que también promovió el empleo digno, reduciendo el deseo de migrar.

Las transferencias de capital físico y el fortalecimiento del capital humano facilitados por el proyecto permitieron a los participantes acceder al mercado y generar ingresos sostenibles. Aunque los flujos migratorios persisten, se ha observado una disminución de la intención de migrar entre los beneficiarios, quienes han encontrado nuevas oportunidades económicas y esperanzas a través de los casi 600 emprendimientos creados o fortalecidos por el proyecto.