Por Manuel Otero. Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

La crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo tiene también importantes repercusiones para América Latina y el Caribe. No enfrentarla, o combatirla de manera desarticulada, traerá costos dolorosos, comprometiendo la paz y el futuro de nuestras sociedades, golpeadas tras dos años de pandemia, una década de baja expansión económica y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Los problemas en materia de seguridad alimentaria se producen en un contexto propio de la región: América Latina y el Caribe tuvo entre 2012 y 2019 la más baja tasa de crecimiento desde la “década perdida” de los años de 1980.
A esta realidad de débil desempeño económico y pandemia, el conflicto bélico en Europa del Este disparó los precios de la energía, los fertilizantes y varios de los principales productos agrícolas, en medio de una preocupante situación climática.
Con este cuadro, la seguridad alimentaria se integra a los desafíos de primer orden que plantean el bajo crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad, la sostenibilidad ambiental y las condiciones macroeconómicas.

El índice de precios de alimentos del Banco Mundial se ubicó en mayo un 87% por encima del mismo mes de 2020. Se trata de un nivel que, por ahora, está debajo de otras situaciones de crisis que se dieron en la década de 1970 y en el 2008, pero esas experiencias previas nos han dejado lecciones respecto a qué hacer y qué no ante los desajustes que se plantean.

Considerando la dimensión regional, es relevante reafirmar el papel central del continente americano como mayor exportador neto de alimentos del mundo y, por lo tanto, garante de la seguridad alimentaria del planeta. Esta condición impone como responsabilidad el trabajo coordinado para hacer frente al desafío común y exige como desafíos mantener y fortalecer la capacidad de producción y exportación del continente, y evitar medidas comerciales que aumenten los niveles de inseguridad y volatilidad en los mercados internacionales. Varios de los principales países productores y exportadores de alimentos de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos y Canadá, firmaron un compromiso en esa dirección en la reciente Cumbre de las Américas.

Los países americanos deben continuar abogando por el fin del conflicto bélico e insistir mientras tanto en que éste no afecte la producción y exportación de alimentos e insumos agropecuarios que provienen del área de guerra.
Hacia dentro del continente, pese a la visión agregada de las Américas como exportador neto, es imperativa la adopción de medidas de facilitación del comercio intrarregional, asistencia humanitaria y apoyo financiero a los países importadores netos, particularmente los Caribe de habla inglesa, Haití y Centroamérica.

En los países exportadores, además, la pobreza y la inseguridad alimentaria se han agravado por la pandemia y las presiones inflacionarias. Las respuestas de políticas, ante este panorama, deben considerar tanto a consumidores como a productores. Respecto a los primeros, es necesario priorizar acciones de protección social y asistencia alimentaria hacia los más vulnerables en vez de subsidios generalizados a la energía o restricciones al comercio internacional.

Desde el punto de vista de la producción, el foco en el corto plazo debe apuntar a minimizar los impactos en el ciclo productivo 2022/2023. Promover consultas público-privadas permanentes para monitorear precios, garantizar una oferta adecuada de fertilizantes y asegurar financiamiento de parte del sistema bancario de manera de contrarrestar los incrementos en los costos de producción, son algunas de las herramientas a considerar para alcanzar ese objetivo. Esto último no excluye, claro, la posibilidad de aplicar subsidios focalizados a los fertilizantes en algunos casos especiales.

También es esencial encarar acciones de mediano plazo que contribuyan a establecer condiciones de mayor resiliencia. Para ello se propone un conjunto de iniciativas que incluyen el diseño, financiamiento y la implementación de una nueva generación de políticas públicas para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, trabajo que contará con el apoyo del recientemente creado Observatorio de Políticas sobre los Sistemas Agroalimentarios (OPSAA) del IICA, plataforma para el intercambio de información y buenas prácticas y el monitoreo de progreso en la situación alimentaria.

En la actual coyuntura adquiere una relevancia aún mayor el refuerzo del trabajo en ciencia, tecnología e innovación para cerrar brechas en productividad y la expansión productiva incluyente de la agricultura familiar, para lo que es necesario promover el asociativismo y el desarrollo cooperativo. Los desafíos son inmensos, pero las Américas, un continente joven, verde y de paz, tiene los recursos, la gente y las instituciones para construir un futuro mejor para todos. La situación actual no tiene por qué convertirse en una crisis humanitaria si los países trabajan conjuntamente. Necesitamos una verdadera alianza continental para la seguridad alimentaria.

Una transformación positiva de los sistemas agroalimentarios redundará en beneficios económicos, sociales y ambientales para la región y tendrá impactos positivos sobre la seguridad alimentaria y ambiental globales, además de reducir los problemas migratorios. Es necesario actuar de manera urgente para construir una nueva visión de la agricultura en las Américas. En esta actividad están las soluciones para los grandes desafíos del mundo contemporáneo, entre ellos los de asegurar la paz y la estabilidad democrática.